Alguien dentro del gobierno actual se hace llamar  “seguidor de las mismas rutas de Bolívar”, lo cual ha hecho que la vanidad personal y el daltonismo político, coloquen  su manifiesto junto al peligro futuro de  la nacionalidad venezolana, el comentario obliga.

Ahora, cuando 11 años han pasado y se ve crecer el indeferentismo irremediable, por encima de los principios, se pretenden colocar las conveniencias  donde los simuladores han querido crear una situación de derecho que solo existe en el caso de sus conciencias, siendo una realidad el deseo de que se hubieran marchado antes y no  utilizar la infamia  de la intervención que deja al descubierto el pavor a su propia historia.  

Por primera vez en la crónica de los desórdenes políticos habidos en el País, se  cuenta algo semejante,  no se trata de un asunto que atañe a un partido político, a un presidente, a un  ministro, se trata de un revés  trascendental asestado a nuestra Nación, lo cual es condenable por cuanto autoriza a extraños a participar en nuestros asuntos  internos, con protección impetrada por un Presidente que habla como dirigente de un partido o por un dirigente de partido que habla como Presidente;  con un Canciller sin  cancillería, todo con visos de hechos que castiga o castigará nuestra legislación, ello basado en la “Constitución más avanzada de América”, aquella que promulgó la Asamblea Constituyente y que ahora se utiliza con movimientos acrobáticos de palabras y buscando adaptarla a un nuevo criterio, a sabiendas de que muy pronto, a sus creadores,  les serán aplicadas las  mismas normas hechas  para su sostenimiento.

Deben ser  reafirmados, tanto el respeto por los Derechos Humanos y libertades de pensamiento, conciencia y  religión, como  las vitales de opinión y expresión, incluidas la libertad contra el arresto y detención arbitraria,  y sobre todo,  el derecho de un pueblo a escoger su propio gobierno, a tomar parte en su labor y cambiarlo si el tal gobierno no le satisface.  Igual, la inseguridad reinante y creciente, hace que el sector pensante busque alguna solución inmediata, pero la zona más afectada, la de barrios aledaños, no encuentra explicación  a la no presencia de servicios policiales,  lo cual se presta para que muchos pobladores de bajos recursos mueran ante la despiadada delincuencia que usa la muerte como distracción en unos casos,  y en otros,  para lograr objetos que no pueden adquirir sin el sacrificio necesario.

El índice de mortalidad es enorme cada semana en todo el País  y no se encuentra solución alguna, no hay destrucción del armamento retenido o encontrado,   por el contrario,  a veces se asegura que son revendidos, o reasignados, lo cual incrementa  la delincuencia donde ahora vemos como víctimas y victimarios, son menores de edad y la efectividad policial es mínima ante altas cifras conocidas y publicadas;  hasta se dice que los cuerpos policiales están infiltrados por delincuentes, quienes ahora amparados por el uniforme, actúan con escasa posibilidad de ser descubiertos.

Otros temas que no pueden dejarse de lado, es  la corrupción a todo nivel  en el sector de la administración pública, con algunas  excepciones, pero  ya es pública la referencia hacia algunos implicados en ella, quienes no esconden  el incremento de su riqueza mal habida y todo aunado por la complicidad  producida por la  negligencia, incapacidad, ancianidad o  ignorancia de un Contralor General,  quién se presta  solo para aquello que pudiese perjudicar al  que fuese opositor del gobierno;   se oye el rumor  ante la evidente riqueza de algunos funcionarios y este cómplice por omisión en  su deber  investigativo, no es capaz  de ayudar al esclarecimiento  de lo denunciado a  nivel informativo, solo solicita pruebas y claro,  nadie se atreve a presentarlas por cuanto  sería desaparecido, detenido o acusado de inmediato desde una Fiscalía que solo cumple órdenes superiores, desconociendo  su propia autonomía.

A la Fuerza Armada,  solo voy a  convidarlos a que lean los artículos  323 de la Carta Magna, referido a la actuación del Consejo de Defensa Nacional en asuntos  relacionados  con la defensa integral de la Nación;  el  328  ejusdem, como su base funcional  y  por  último, el  art. 5 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual establece:   “…La responsabilidad militar es personal y no exime de ella la ignorancia de la Ley,  ni el error sobre la persona o cosa contra quien se dirigió la acción delictuosa.”  Lean,  la Patria se los agradecerá.